Laura Ribera EdO Artículo de opinión de Laura Ribera Barniol, miembro de Justícia i Pau Barcelona.

El pasado 13 de febrero la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dictó sentencia en relación a una práctica que es cuestionada desde hace más de dos décadas. Hasta ahora, el principio que marcaba el derecho humanitario internacional indicaba que cuando una persona extranjera llegaba a territorio europeo, su posible expulsión debía llevarse a cabo a través de una serie de trámites que deberían evitar que esta persona fuera puesta en riesgo. La sentencia, sin embargo, ha añadido que si la persona que está siendo devuelta ha accedido a territorio de la Unión Europea de manera irregular y no ha demostrado la imposibilidad de acceso por las supuestas vías legales, la legislación comunitaria no está hecha para esta persona.

Esta sentencia supone un cambio de criterio respecto a la condena que el mismo organismo emitió en 2017 contra España por haber devuelto en 2014 a dos jóvenes, N.D. y N.T, que habían intentado saltar la valla de Melilla. Esta vez, la decisión respalda las acciones emprendidas por el gobierno y cita que en estas situaciones las personas "se pusieron ellas mismas en situación de ilegalidad ya que intentaron llegar a España de manera deliberada cruzando estructuras de protección de la frontera de Melilla formando parte de un grupo numeroso de personas y haciéndolo por un lugar no autorizado". El escrito, consecuentemente, supone un claro aval a las devoluciones en caliente en las fronteras de España. Punto y final: esta sentencia no se puede apelar.

Las devoluciones en caliente desde las vallas de Ceuta y Melilla no son una práctica reciente. Desde su finalización a finales de la década de los noventa ha sido llevada a cabo por los sucesivos gobiernos del PP y del PSOE. Según informaciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, en 2018 se registraron 658 devoluciones desde ambos puntos fronterizos, lo que representa 51 devoluciones más que en el año 2017.

Esta sentencia ha sido recibida con un rechazo frontal desde diferentes partes de la sociedad: colectivos de personas migradas, movimientos sociales en favor de los derechos humanos, entidades del tercer sector, el Consejo de la Abogacía Española y el ACNUR, entre muchos otros.

En la práctica, esta sentencia se puede interpretar como que la "situación de ilegalidad" de la persona migrante puede justificar cualquier vulneración de sus derechos básicos por parte del Estado. Y no es ningún argumento nuevo. Ya lo hemos oído otras veces como, por ejemplo, en el caso del Tarajal (Ceuta). En otras palabras, si la regulación y protección de los derechos humanos no se aplica de manera universal, éstos sólo representan el privilegio de algunas personas.

El 13 de septiembre de 2017, el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, respondía a la activista Helena Maleno a través de Twitter diciendo que su partido "rechazaba rotundamente las devoluciones en caliente". El mismo partido político llevó ante el Tribunal Constitucional estas prácticas incluidas en la Ley Mordaza ya que las consideraban fuera de la ley. Sin embargo, el digital eldiario.es afirmaba recientemente que tras una reunión de la Ejecutiva del gobierno para valorar esta sentencia se mostraba firme a seguir aplicando los procedimientos que ya se están llevando a cabo pero ahora "con mayor seguridad jurídica". A pesar de que estas declaraciones señalan hacia otra dirección, este sería un buen momento para que el gobierno sea consecuente con sus declaraciones y el recurso de inconstitucionalidad y ordene poner fin a estas prácticas. Pero la clave definitiva está en manos del Tribunal Constitucional que es el organismo que decidirá a nivel estatal sobre la constitucionalidad de las devoluciones.

Hay que cambiar el actual planteamiento no sólo por una cuestión de coherencia y dignidad sino también porque las supuestas vías legales de las que habla la sentencia no son reales para las personas que intentan acceder al territorio.

Si nos fijamos en el derecho de solicitar protección internacional, esta sentencia no atiende a la realidad y es que en los lugares habilitados en los alrededores de Ceuta y Melilla para solicitarla sólo se han registrado 6,2% del total de demandas de todo el Estado desde su creación. Es necesario poner de manifiesto que ninguna de estas solicitudes la ha hecho una persona procedente de los países considerados de África subsahariana*. Actualmente, la ley no permite pedir esta protección a consulados españoles en los países de origen. Para hacerlo en las oficinas apropiadas las personas subsaharianas deben pasar primero por el paso fronterizo marroquí. Las autoridades se lo impiden. Es así como tanto de manera fáctica como legal no hay posibilidades para que los migrantes y los solicitantes de asilo puedan hacerlo mediante las pocas vías establecidas.

Tras analizar esta situación parece que el TEDH tiene un desconocimiento total de las migraciones, sus causas, las condiciones y de cómo las políticas de control han hecho estructural la irregularidad migratoria. Parece una decisión totalmente influenciada por el contexto político europeo en cuanto al ámbito de las migraciones, pensado desde una perspectiva de seguridad.

La falta de vías legales continuará obligando a muchas personas a arriesgar su vida para intentar acceder a territorio del Estado español. Porque me atrevo a afirmar que nadie llega hasta las inmediaciones de Ceuta o Melilla y espera un tiempo en condiciones deplorables para escalar una valla de ocho metros llena de espinas, por no haberse tomado la molestia de solicitar un visado en una embajada española. ¡Hasta ahí podíamos llegar!


*Utilizo este término para facilitar la comprensión y ceñirme a su uso estándar. Discrepo con la definición generalista de países del África subsahariana.