Por Neus Forcano Aparicio directora de Justicia i Pau Barcelona
El sábado 28 de septiembre se organizó el undécimo encuentro ante el CIE de Barcelona en la Zona franca organizado por Migrastudium y al cual se adhieren unas 65 asociaciones civiles y de inspiración cristiana en la lucha antirracista, de atención a migrantes, a favor de los derechos humanos y de una cultura de paz. También se suman diferentes comunidades de vida cristiana e instituciones religiosas y educativas, equipos y movimientos de pastoral obrera y pastoral social de Cataluña, con la intención de acercarnos a la realidad de quienes son privados de libertad por haber entrado en el país de forma irregular para encontrar trabajo, ayudar a los suyos, escapar de situaciones de ahogo vital, de persecución política o de explotación laboral.
Los cantos, la música y las palabras de algunos migrantes leídas durante el acto, humanizan un poco el muro, la reja y el cielo de una tarde que se va desvaneciendo en un espacio que ya no es ciudad, pero tampoco naturaleza ni campo abierto. Impresiona el espacio donde se ha construido el Centro de internamiento de extranjeros en Barcelona. Calle E número 40, entre un laberinto de vías impersonales donde no vive nadie: zona en obras permanente obstaculizada por vallas; sucesión de naves industriales, más o menos modernizadas, para la avidez insaciable de una ciudad que pide materiales, objetos, comida, ropa…Mercancía humana entre mercancías a punto para ser expulsada, abandonada entre un muro de contenedores alineados que tapan la vista al mar y delimitan la zona del puerto y la calle A -donde los trabajadores se agolpan en las dispersas paradas de bus y metro para volver a casa; y al otro lado, un muro de cemento de carreteras y rotondas.
Zona franca, espacio sin ley: no-lugar. Manifestación expresa y cruda de la criminalización y la frialdad con que se trata a aquellos y a aquellas a quien se condena a un régimen de “prisión” cuando no tienen que cumplir ninguna condena. La definición de CIE es la de un “centro público no penitenciario”, ¿por qué, entonces, estas condiciones de prisión? “Internamiento de extranjeros como medida cautelar”, y para ello, ¿es preciso un destierro, un régimen de miedo, incertidumbre y un aislamiento forzado?
La ley impone un límite de 60 días a la decisión de expulsión de extranjeros llegados irregularmente que se internan en la red de este tipo de centros en todo el estado. Se prevee construir una nuevo en Algeciras con una capacidad para 500 personas y con un coste de 30 millones de euros. Casi un 60% de las personas ingresadas no acaban siendo expulsadas y sufren la desesperación y la angustia de un aislamiento inhumano. Privar a las personas de comunicación y movilidad, afecta a su salud mental y las debilita físicamente. En el Centro Catalán de Acogida al Refugiado saben que la policía falsifica la edad de jóvenes menores en la frontera para poderlos enviar al CIE en lugar de que sean acogidos en los centros de protección para menores refugiados, donde pueden recibir atención, formación y tienen educadores de referencia. ¿Qué hacen, pues, una media de 60 jóvenes menores en los centros de internamiento para adultos? ¿Qué aprenden los hijos e hijas de los migrantes que están en el CIE con sus padres? ¿Qué sentido tiene retener a apátridas que no han respondido bien las preguntas en comisaría y no tienen papeles para demostrar de qué país provienen? ¿Por qué permanecen ahí quienes ya hacía tiempo que trabajaban, compartían piso con compañeros, se esforzaban a integrarse y los han pillado en el metro o en la calle pidiéndoles los papeles?
He oído testigos de Open Arms y de Cruz Roja pidiendo atención jurídica en la misma frontera. ¿Quién informa de las posibilidades de solicitar la protección internacional cuando la causa de la fuga del país de origen es por violencia familiar, por vejación sexual o por un matrimonio forzado, por haber sido vinculado a un grupo armado o a un trabajo forzoso?
Mientras otros estados europeos desarrollan programas de acogida humanitaria para discriminar las causas de llegada de extranjeros o de personas en situación de irregularidad, en el estado español se aplican estándares médicos para determinar la edad -que pueden ser lesivos y agresivos, especialmente para los menores- y se producen discriminaciones por nacionalidades. Los argelinos y los marroquíes, por ejemplo, rápidamente son enviados a los CIE sin que la oficina de atención al refugiado o las ONG, puedan tener acceso a fiscalía. Se trata de una violencia institucional que es esencialmente punitiva y maltratadora, y que desvía por vías policiales y judiciales la vida de personas que no han cometido ningún crimen.
Hace años que se trabaja por una justicia restaurativa y no punitiva cuando hablamos de personas privadas de libertad en centros penitenciarios donde están cumpliendo condenas. A pesar del esfuerzo de la administración y de servicios adyacentes, he podido ver las dimensiones de los espacios comunes de los módulos de las prisiones catalanas. Las condiciones de vida en la prisión, con sobreocupación, con aislamientos forzados cuando hay peleas, o poco acompañamiento personalizado, además del problema de la duración de las condenas y el colapso del sistema judicial, es difícil de compensar. Cambiar situaciones de vida marcadas por la pobreza, la adicción, la carencia de vínculos familiares y situaciones de salud mental evidentes, piden con urgencia otros tipos de centros, otros profesionales, otros entornos, para que la atención a enfermos y la reinserción sean efectivas.
Hay que reclamar, pues, el reconocimiento de los derechos del migrante y actuar en clave de justicia social hacia los migrantes sin papeles. Los programas de acogida humanitaria no tienen que ser solo para el asilo por causa de guerra, sino también para los motivos descritos en la convención de Ginebra y por ACNUR. Este esfuerzo no está reñido con el debate público en paralelo que haya que hacer, argumentadamente y con respeto, sobre las medidas políticas en los países de origen para que las personas no tengan que abandonar su tierra, ni con las políticas de acogida, de ayuda, de derechos y deberes, de proceso para conseguir la ciudadanía, que no podemos dejar de diseñar y aplicar. Lo que es absurdo es dejar a la vía policial y judicial la problemática personal, social y laboral de quienes mantenemos sin ciudadanía.
Gracias Migrastudium para acercarnos a la realidad de todos los Oussama, Fàtima, Endri, Alma, Karim, Diallo, Osamuyi, Jonhatan, Mohamed, Diba, Maria, Anthony, y a los menores y personas anónimas que han tenido que pasar y están pasando estos trances. Que en nombre de la “seguridad” y la necesidad de armas ante la escalada bélica internacional, no dejáramos de denunciar la criminalización de la pobreza y la criminalización de quienes migran para mejorar las condiciones de donde se ven forzados a irse.
