Las violaciones a los derechos humanos en las prisiones de El Salvador han sido objeto de preocupaciones nacionales e internacionales durante muchos años, pues vastos informes y estudios han documentado las difíciles condiciones de vida y los abusos sistemáticos dentro del sistema penitenciario del país, que parecen haberse agravado con la llegada del presidente Nayib Bukele al poder.
De acuerdo, con la organización sin ánimo de lucro, Cristosal, para mayo de 2023 más de ciento cincuenta personas murieron en las cárceles del país bajo la custodia del Estado que durante los últimos años realizó una serie de reformas legales que afectan las garantías procesales de los ciudadanos. Esto, en el marco de la aplicación del Régimen de Excepción que estableció el gobierno desde el 27 de marzo de 2022 que, “inicialmente implicó la suspensión de cuatro derechos constitucionales: límite de plazo de detención administrativa, derecho a la defensa en las primeras diligencias, libertad de asociación y reunión e inviolabilidad a la morada”[1].
No obstante, pese a las vulneraciones a los derechos humanos de toda población civil y los crímenes de lesa humanidad que se han gestado en contra de la personas privadas de la libertad, existe una gran popularidad del gobierno en El Salvador. Un territorio que años atrás fue uno de los países más inseguro del mundo debido a las extorciones, los hurtos y asesinatos que eran llevados a cabo por las pandillas, también conocidas como “maras”, pero que hoy se configura como el país más seguro de América Latina.
Parte del éxito de esta política de gobierno se debe a las detenciones masivas y los abusos en las cárceles el precio que paga el país a cambio de mayor seguridad, dejando como resultado cerca de ciento diez mil personas encarceladas, con una tasa de encarcelamiento de la población adulta superior al 2.5%, a la cual se le han negado las mínimas garantías procesales como el debido proceso o un juicio justo.
En este contexto, varias organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han revelado que las prisiones en El Salvador están extremadamente superpobladas con unas condiciones de vida insalubres y peligrosas que se suman a la falta de acceso a servicios básicos como agua potable, saneamiento y atención médica. Asimismo, se ha reportado que existen denuncias frecuentes de abusos físicos y psicológicos por parte del personal penitenciario, pues las torturas, tratos crueles y castigos inhumanos son manifestados frecuentemente.
[1] Cristosal. La excepción de volvió la norma: una mirada a las reformas penales y su impacto en las garantías ciudadanas. Recuperado de https://cristosal.org/ES/la-excepcion-se-volvio-la-norma-una-mirada-a-las-reformas-penales-y-su-impacto-en-las-garantias-ciudadanas/.
Julián Barrera
