Per Joan Maria Raduà Hostench
“¿Por qué los ciudadanos que disponen de recursos económicos tienen derecho a emigrar y los ciudadanos que son pobres, no?”
Esta es la pregunta que se hace Soly, un senegalés que se jugó la vida en una patera para llegar a Canarias. La cita corresponde a un fragmento de una de las entrevistas a seis personas inmigrantes recogida en el libro de Laia Ahumada y de Cinta Fosch titulado “Obligados a partir” (Ed. Akiara books).
Esta pregunta es de actualidad ahora que el Gobierno se plantea eliminar las “Golden Visa”, toda vez que nos recuerda que hay personas inmigrantes de primera y de última división. La obtención del permiso de residencia y trabajo por medios económicos con las llamadas “Golden Visa” nos muestra que el principio de igualdad no se aplica. Ahora el Gobierno propone eliminar uno de los distintos supuestos que permiten obtener el permiso de residencia por esta vía, el de comprar una vivienda de lujo. Con esta reforma no se elimina la discriminación existente, pues los ricos podrán conseguir la residencia por el resto de los otros supuestos previstos actualmente. Así pues, continuarán existiendo personas inmigrantes de primera y de última categoría.
En este último grupo se encuentran muchos miles de personas que por diferentes motivos se han visto forzadas a abandonar su país y que, en muchos casos, han arriesgado la propia vida en el trayecto. Ahora estas personas tendrán más difícil entrar en Europa y conseguir los anhelados “papeles”. El Parlamento Europeo acaba de aprobar el denominado Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. Se trata de diez textos legislativos con los que se pretende armonizar toda la política europea de migración y asilo. Esta reforma presenta algunas luces y muchas sombras. Puede ser positivo instar a todos los Estados a hacerse corresponsables de la reubicación de las personas que piden asilo y armonizar las normativas estatales de acogida a los asilados ofreciendo niveles similares de alojamiento, escolarización y asistencia sanitaria. Ahora bien, al mismo tiempo esta reforma presenta muchos riesgos para la vulneración de derechos de las personas en el control de las fronteras, en la toma de datos personales, en las detenciones arbitrarias, en las dificultades de estas persones para recibir asistencia jurídica y poder defender sus derechos y, sobretodo, por las expulsiones inmediatas. Es una reforma pensada más para cerrar fronteras que no para proteger a personas. Las personas están en un segundo plano. El punto de mira no está puesto en ellas.
“Era forastero y me acogisteis” (Mt 25,35). Esta es la actitud. Esta es la propuesta de Jesús, que se identifica con cada persona que necesita cobijo y respaldo.
Volviendo a los protagonistas de este libro, todos ellos explican que una vez llegan a Europa, incluso jugándose la vida, se empieza una nueva etapa en la que su futuro depende de obtener un “papel”. En nuestros pueblos y ciudades hay muchas personas que malviven por no tener un permiso de asilo o un permiso de residencia y de trabajo. ¡Imaginemos que nuestra vida depende de un “papel”!
Esta semana se ha abierto una puerta a la esperanza para muchas personas extranjeras que están en España en la llamada “situación irregular”. El Congreso de los Diputados ha acordado la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Esta iniciativa fue promovida por más de 900 entidades que recogieron más de 600.000 firmas pidiendo “dar papeles” a aquellos que llevan años viviendo (mejor dicho malviviendo) en España sin disponer de ningún título de autorización legal. Ahora, una vez admitida a trámite, debemos continuar dándole soporte, empujando para que se haga realidad y evitar que en el Congreso haya la tentación de recortarla o diluirla. Se ha dado un paso, ¡debemos continuar defendiendo el derecho de toda persona a buscar un futuro mejor!
Joan Maria Raduà Hostench
Miembro del Eje de Derechos Humanos de Justícia i Pau
