Desde hace años el Gobierno de Nicaragua ha venido practicando una política de aislamiento y progresiva persecución a la comunidad católica y, en especial, a los sacerdotes y a los miembros de sus instituciones y de sus congregaciones religiosas. Este año ha sido especialmente dramático.

Este mes de agosto, la Compañía de Jesús, ha sufrido la incautación de todos sus bienes, entre ellos la Universidad Centroamericana, y ha visto cancelada su personalidad jurídica. Otras instituciones religiosas como las Hermanas de la Caridad, las Hijas de la Caridad o las Dominicas de la Anunciata también han sido blanco de la persecución estatal. En unos casos sufriendo la prohibición de sus actividades o la expropiación de sus bienes o la expulsión del país.

El 8 de septiembre de 2023 un nuevo sacerdote, Osman José Amador, ha sido detenido por la policía nicaragüense desconociéndose su estado. Con él ya son 8 los sacerdotes privados de libertad, entre ellos Monseñor Álvarez, obispo de Matagalpa. Otros por temor por sus vidas se han tenido que exiliar o han sido expulsados del país.

Estando próxima la celebración del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce la libertad religiosa (artículo 18) y se proclama que nadie será detenido, preso o desterrado arbitrariamente (artículo 9), es preciso exigir al Gobierno de Nicaragua el fin de esta persecución.

También debemos exigir al Gobierno de España, a la Unión Europea y al resto de la Comunidad Internacional que no permanezca impasible ante la persecución religiosa que sufre el pueblo nicaragüense. En este sentido resulta esperanzadora la reciente denuncia efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Todo este cúmulo de ataques a la libertad religiosa y en concreto a los católicos ha provocado la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el 15 de septiembre ha emitido una declaración denunciado esta persecución y exigiendo su cese.

Esta declaración de la CIDH empieza diciendo: “Ante los constantes ataques contra la iglesia católica y sus integrantes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhorta al Estado de Nicaragua a cesar las afectaciones a la libertad religiosa, la persecución a la Iglesia católica y a liberar a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad”.

Desde Justícia i Pau nos adherimos al llamamiento efectuado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A todo ello, debemos recordar que Nicaragua ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos y que su actuación está vulnerando diversos artículos de la esta Convención. Entre ellos el artículo 7 que proclama la libertad personal y prohíbe la detención y el encarcelamiento arbitrarios. También infringe el artículo 12, que proclama la libertad de conciencia y reconoce el derecho a todas las personas a profesar y divulgar su religión, individual y colectivamente, tanto en público como en privado.

En el mismo sentido se recogen estos derechos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 9 (libertad personal) y 18 (libertad de pensamiento, de conciencia y de religión). Convenio que también fue ratificado por Nicaragua.

Desde Justícia i Pau Barcelona alzamos nuestra voz contra esta persecución. Solicitamos a los dirigentes nicaragüenses que cesen en la misma, liberen a las personas detenidas y garanticen el pleno goce del derecho de todos sus ciudadanos a profesar sus creencias. Reclamamos una Nicaragua respetuosa con todas las personas, donde reine la convivencia y la concordia.

Podéis leer el comunicado completo de la CIDH aquí.

Eje de Derechos Humanos